Mujeres y Migración en EE.UU.
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Esta nota, trae a colación acerca de que ahora en España, se ha comtenplado ASILO para las mujeres que huyen de sus países por violencia doméstica y también nos acerca a una reflexión de la lucha de nuestros migrantes indocumentados en Estados Unidos, como la violencia esta manejada estructuralmente, invisibilizada por mecanismos de la burocracia; es el proceso que implica cambios y llama a superar barreras no solo en el papel sino sobre todo en los cambios de conciencia en hombres y mujeres esten donde esten.
La Redacción
POBLACIÓN-EEUU:
Maltrato a mujeres complica
debate inmigratorio
Por
William Fisher
NUEVA YORK, 27 abril
(IPS/Patagonia Ciber Fem) - Ninguno de los proyectos de ley sobre
inmigración a estudio del Congreso legislativo de Estados Unidos incluye
la provisión de asilo a mujeres maltratadas.
El problema no es
nuevo. En 1995 salió a la luz pública cuando la guatemalteca Rodi Alvarado
escapó de su brutal esposo, quien la sometía a una violencia doméstica
extrema en su país de origen.
El hombre solía patearla durante su
embarazo. En una oportunidad le fracturó la mandíbula. Empuñando un
machete, la amenazó con hacerla pasar el resto de su vida en una silla de
ruedas si trataba de huir.
Alvarado escapó a Estados Unidos. Las
autoridades le concedieron asilo, pero la decisión fue apelada de
inmediato por el Servicio de Inmigración y Naturalización, la oficina del
Departamento (ministerio) de Justicia que entonces se encargaba de esos
asuntos.
El Consejo de Apelaciones de Inmigración del Departamento
de Justicia en 1999 anuló el asilo, porque entendió que la mujer no era
perseguida por sus opiniones, su grupo social, la raza, la religión o la
nacionalidad.
También argumentó que Alvarado debía demostrar la
conexión entre la violencia a la que era sometida y sus opiniones o la
pertenencia a un grupo social.
Alvarado apeló el fallo, y mientras
se procesa una resolución definitiva se le permitió residir en el
occidental estado de California, donde trabaja en un convento.
El
caso Alvarado se convirtió en un símbolo de la burocracia disfuncional
vinculada al manejo de los asuntos de inmigración en Estados Unidos.
Cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización fue absorbido
por el Departamento (ministerio) de Seguridad Interna tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001, se lo redesignó como Buró de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración (BCIS).
Y para complicar aún más la
resolución del caso Alvarado, el BCIS comparte ahora con el Departamento
de Justicia la tarea de elaborar nuevas directivas en materia de asilo.
Al final del gobierno de Bill Clinton (1993-2001), la entonces
fiscal general Janet Reno propuso ampliar las causales de asilo de modo de
contemplar la violencia doméstica y otras violaciones de derechos humanos
como el tráfico de personas, la esclavitud sexual y los asesinatos
cometidos por hombres invocando el "honor" de sus familias ("matanzas por
honor").
Pero esas regulaciones nunca fueron implementadas. Cuando
John Ashcroft sucedió a Reno en 2001, cuando comenzó la primera
presidencia de George W. Bush, no impulsó su adopción.
Por el
contrario, asumió personalmente el caso de Alvarado, dado que el fiscal
general tiene autoridad para decidir en cualquier caso de inmigración.
Pero en 2004 Ashcroft dejó el cargo sin tomar ninguna decisión. Y
antes de ceder el puesto dijo que los departamentos de Justicia y de
Seguridad Interna deberían acordar una serie de pautas sobre asilo que
abarcaran los problemas de género, incluida la violencia doméstica.
Desde entonces, ambas carteras trabajan en esas directivas. Pese a
que las regulaciones propuestas fueron redactadas en diciembre de 2000,
nada quedó establecido más de cinco años después.
La abogada de
Rodi Alvarado, Karen Musalo, de la Escuela Hastings de Derecho de la
Universidad de California en San Francisco, dijo a IPS que "tanto el
Departamento de Seguridad Interna como el de Justicia tienen jurisdicción
sobre las regulaciones".
Eso se debe a que el Departamento de
Seguridad Interna se encuentra en proceso de organizarse, y "no hubo
consenso entre ambas agencias sobre cómo proceder". Eso "complica" las
cosas, consideró Musalo.
MIentras, Alvarado y otros muchos
inmigrantes que solicitaron asilo se encuentra en un limbo legal.
El debate sobre inmigración que procesa el Congreso renovó el
interés en casos como el de Alvarado. Una coalición de organizaciones de
refugiados y de derechos humanos urge al Congreso a adoptar un nuevo
enfoque y examinar las causas de los movimientos de población.
"La
solución no es negar la protección, sino mirar las causas del flujo de
refugiados y planificar respuestas de política exterior para abordarlas",
sostuvo el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Universidad
de California.
El Centro respondía así a legisladores para quienes
eliminar las restricciones al asilo "abriría las compuertas" para el
ingreso de extranjeros.
La coalición de activistas e inmigrantes
que el Centro integra no ha exhibido sus argumentos a los organismos a
cargo de la inmigración, sino a unos pocos miembros clave del Congreso,
para que les ayuden a transmitir el mensaje al Departamento de Estado
(cancillería)..
Y quieren que esa cartera se involucre porque
consideran creíble la evidencia de que la violencia doméstica es parte de
un fenómeno más grande y letal: el feminicidio.
El Departamento de
Estado es un importante financiador de programas de fortalecimiento del
Poder Judicial y otras instituciones democráticas en numerosos países.
En Guatemala, el país de origen de Alvarado, "hay total impunidad
ante la violencia y el asesinato", según la coalición. "Hubo más de 2.200
mujeres asesinadas desde 2001 y apenas 10 u 11 juicios y condenas. Los
medios de comunicación locales ignoraron ampliamente el problema."
El feminicidio afecta a otros países de América Latina. Bolivia,
Perú, Colombia, México y Guatemala enviaron este año una delegación de
activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington,
para pedirle que atienda la cuestión.
Además de las muertes en
Guatemala, registros incompletos presentados ante la Comisión citan 373
asesinatos conocidos de mujeres en Bolivia entre 2003 y 2004, y 143 en
Perú durante 2003. En Colombia, cada día es asesinada una mujer a manos de
su pareja o ex pareja.
Las mexicanas Ciudad Juárez y Chihuahua,
donde la tendencia al feminicidio fue notada ampliamente por primera vez,
fueron escenario del asesinato de más de 500 mujeres por múltiples causas
desde 1993, según la prensa y otras fuentes. Docenas más continúan
desaparecidas.
Desde el punto de vista global, el problema no es
menos severo. En muchas partes de Asia meridional y Medio Oriente, por
ejemplo, las "matanzas por honor" habitualmente quedan impunes.
Cuatro organizaciones no gubernamentales lideran la campaña contra
el feminicidio: la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), la filial estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de
Estudios sobre Género y Refugiados y la Comisión de Derechos Humanos de
Guatemala.
Tres parlamentarios --los demócratas Barbara Lee, Tom
Lantos e Hilda Solís-- redactan una carta para elevar al Departamento de
Estado, que esperan sea firmada por la mayoría de sus pares,
independientemente de su pertenencia partidaria.
La misiva urgirá
a esa cartera a proporcionar fondos y personal para examinar el asunto del
feminicidio, así como el asesinato de activistas de los derechos humanos.
Resolver casos tales como el de Alvarado podría parecer una parte
relativamente simple del complejo debate sobre inmigración que tiene lugar
en el Congreso. Pero dado el rencor que origina el asunto, la protección a
las mujeres maltratadas probablemente está fuera del radar.
(FIN/2006)
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Publicado por William Fisher el 4 de Mayo, 2006, 22:25
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