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Contra el racismo, el sexismo y la
violencia
Adital - Patagonia Ciber Fem-
Los
participantes de la 10ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos lanzaron,
durante el cierre del evento, el último viernes 02, la "Carta Compromiso de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos". El texto, que propone soluciones
para el avance del tratamiento de los derechos humanos, de la democracia y de la
ciudadanía en Brasil, exige la regularización inmediata de las tierras
quilombolas y el reconocimiento de los derechos indígenas. Además de declararse
a favor de un país sin racismo, sexismo ni violencia.
La Carta condena los crímenes cometidos en San Pablo por el PCC
(Primer Comando de la Capital) contra policías militares y civiles y también
"las muertes éstas seguidas de ejecuciones sumarias, de jóvenes pobres y negros
de la periferia, típicas de grupos de exterminio formados dentro del aparato de
seguridad". Los participantes de la Conferencia propusieron una Comisión
Parlamentaria de Investigación sobre el exterminio de negros e indígenas para
investigar esos crímenes.
Para los autores de la Carta, la violencia que se abatió sobre San Pablo
es el resultado de la exclusión social, que ha sido la marca histórica y
permanente del desarrollo económico, político y social del país. En la última
década, la política neoliberal adoptada en Brasil ha agravado la preponderancia
de políticas que no priorizan la justicia social, con impacto fuerte sobre los
derechos humanos.
"La efectiva implementación de los derechos humanos económicos, sociales,
culturales y ambientales requiere de la inmediata aprobación de una ley de
responsabilidad social que vincule a la administración pública con metas de
implementación de políticas públicas en esas áreas. Aprobar esa nueva ley es
crear una política de Estado que permita avanzar en forma sustentable y
permanente en la reducción de las desigualdades sociales", expresa la
Carta.
La sociedad civil organizada tiene un papel importante que cumplir en el
combate de esas violencias. Para ello, la Carta recomienda la creación de una
Red Nacional de Combate de la Violencia Letal Juvenil,
reuniendo a organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales,
foros y articulaciones de derechos humanos, de negros y negras
afrodescendientes, de mujeres e indígenas que puedan criticar y vigilar la
actuación de los gobiernos.
El documento final de la Conferencia recomienda la aprobación inmediata
del proyecto de ley de la Cámara de Diputados 37/2006, que representa el intento
de creación de mecanismos efectivos para cohibir la violencia contra las
mujeres, víctimas de violencia de género doméstica e intrafamiliar, que son una
grave forma de violación de los derechos humanos.
Se denunció también el proceso de esterilización impuesto a las mujeres
indígenas y se exigió a la División de Salud de la Mujer, del Ministerio de
Salud, especial atención para con esos casos. El racismo afecta a los indígenas,
que continúan sufriendo violencia exacerbada y además son víctimas de masacres y
viven bajo la amenaza de extinción de varios de sus pueblos.
La Carta llama la atención hacia el cumplimiento de los derechos humanos
en relación con los portadores de necesidades especiales: "resaltamos la
necesidad de que en los informes de monitoreo de derechos humanos, políticas y
registros para fines estadísticos, sea siempre considerado el record específico
de las personas con deficiencia, sin perjuicio de los demás recortes de la
diversidad humana".
Para que Brasil avance en relación con los derechos de los homosexuales,
se recomendó la aprobación del Proyecto de Ley de la Cámara 1151/1995, que
reglamenta la unión civil entre personas del mismo sexo y que el Programa Brasil
Sin Homofobia, programa éste actualmente con acciones interministeriales, sea
convertido en un Plan Nacional.
La Carta recordó el compromiso asumido por la sociedad brasilera con los
niños desde la Constitución de 1988 y afirmó que: "la violencia sexual contra
niñas/os y adolescentes constituye una de las más crueles formas de violación de
los derechos humanos. Es necesario efectivizar políticas públicas de prevención
y enfrentamiento de esa realidad en el sentido de garantizar los derechos de ese
segmento infanto-juvenil."
Y además se reafirmó el compromiso con la política de desarme como
instrumento efectivo de disminución de los índices de criminalidad y violencia,
que debe ser reforzada con una profunda alteración de las políticas mantenidas
basadas en la letalidad y en la violencia de la acción de los aparatos de
seguridad.
El documento destacó la importancia de los defensores de los derechos
humanos en esta lucha: "La valorización y el reconocimiento del papel de los
defensores y defensoras de los derechos humanos es condición esencial para el
avance de la democracia y de la ciudadanía en Brasil. ¡Tenemos conciencia de
nuestra responsabilidad, vamos a continuar nuestra lucha!". Y también, expresa
que es necesario garantizar la defensa y promoción del derecho humano a la
comunicación, cuya importancia está ligada a la construcción de identidades y
subjetividades, así como a la conformación de las relaciones de
poder.
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