Debate: Violencia de Género o Dignidad Laboral?
Regular la prostitución: ¿perpetuar
una violencia de género o conseguir dignidad laboral?
El debate sobre
la regulación de la prostitución en España sigue sin ser un tema fácil. Los
movimientos sociales no logran llegar a un acuerdo sobre los beneficios y
desventajas de la legalización del ejercicio.
Carlos Arcila / Redacción
(02/06/2006) La llegada al
Congreso de los Diputados de propuestas sobre la legalización de la prostitución
en los últimos meses ha puesto nuevamente de manifiesto la existencia de dos
posturas enfrentadas dentro de los movimientos sociales que luchan por los
derechos de estas mujeres. Mientras el Congreso reabría el debate, el Parlament
de Cataluña ultimaba un anteproyecto de ley de Regulación de la Prostitución.
El debate ha cobrado mayor fuerza en Europa ante la alarma del
aumento de mujeres forzadas a prostiturse en Alemania con motivo del Mundial
de fútbol. En este contexto, la presidencia del Consejo Europeo y la Comisión
Europea organizarán una conferencia sobre el tráfico de seres humanos y la
explotación sexual que reunirá a expertos de los 25 estados miembros los
próximos 26 y 27 de junio en Bruselas.
En España, las discusiones sobre
la realidad de de esta práctica las voces de las organizaciones relacionadas con
el tema no se han hecho esperar. Desde la posición ‘legalizacionista’, como la
que mantiene el Colectivo Hetaira, el
sindicato CC
OO y, en Cataluña, la Plataforma Treball Sexual i
Convivència (que integra a la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Barcelona y al colectivo Licit, entre otros); hasta
la tendencia ‘abolicionista’ de Médicos del Mundo, la
Plataforma Catalana de suport al Lobby Europeu de
Dones y la UGT.
La
prostitución en España ha aumentado considerablemente en los últimos años (se
calcula que existen alrededor de 300 mil trabajadoras sexuales), especialmente
tras la llegada masiva de inmigrantes de países de Europa del Este y América
Latina.
Ambas posturas parten de una base de lucha por la dignidad de
la mujer, pero no coinciden en sus métodos. La ‘abolicionista’ asegura que
cualquier forma de explotación sexual de las mujeres representa una expresión de
la violencia de género (poder y humillación), mientras que ‘legalizacionista’
respeta el derecho de elegir este campo de trabajo y aboga por condiciones de
dignidad laboral.
Derecho a elegir y condiciones para ello
La regulación de lo que se ha llamado el oficio más viejo del
mundo no es un tema nuevo en Europa. Países como Holanda y Alemania ya han
incluido en sus legislaciones códigos que otorgan derechos a las prostitutas a
ejercer su trabajo y les dotan de condiciones de seguridad para
ello.
Ésta es por ejemplo la postura del Colectivo
en Defensa de las Prostitutas Hetaira, que asegura
que en el país se vive una situación de “Alegalidad”, ya que, aunque el
ejercicio no constituye un delito, las personas que lo ejercen carecen de
derechos reconocidos.
En su Manifiesto por los Derechos de las
Prostitutas, Hetaira pide que se reconozca y respete la dignidad de estas
trabajadoras y su capacidad de decidir, sin coacciones, a qué quieren
dedicarse y cómo o con quién quieren establecer acuerdos
comerciales.
Comisiones Obreras (CC OO); también ha
afrontando parte de este planteamiento en las discusiones que tuvieron lugar
recientemente en el Congreso de los Diputados, donde reclamaron que la
prostitución se considere "como un trabajo" y que se legalice como tal en toda
España.
En su proyecto de ley para regular el ejercicio de la
prostitución, el gobierno de Catalunya se refiere a ella, no como profesión,
pero sí como "servicios sexuales remunerados", como dicta una normativa del
Tribunal de Luxemburgo. Tanto los impulsores de esta ley, como otros colectivos
que apuestan por la regulación, insisten en que el debate no es si legalizar
o no esta práctica, pues no es ilegal en España igual que no lo es en el
resto de Estados de la UE (con excepción de Suecia): en 1995 dejó de ser un
delito en España, con la modificación del Código Penal por parte del Congreso de
los Diputados.
Lo que sí es ilegal en todos los países de la UE es el
tráfico de seres humanos, la explotación, lucrarse con el trabajo ajeno de
prostitutas y las coacciones y mafias que a menudo rodean esta práctica. En ese
sentido, los defensores de la regulación advierten que ésta perimtirá mayor
transparencia y capacidad para luchar contra las mafias y
abusos.
Violencia de género
Pero mientras unos recuerdan
la despenalización de 1995, los sectores abolicionistas recuerdan que en 1984
España ratificó la convención de la ONU que obliga a los estados a tomar medidas
para eliminar toda discriminación contra las mujeres, incluida la
prostitución.
Buena parte de las ONG y oganizaciones de mujeres han
mostrado su rechazo a cualquier manera de legalización de la
prostitución. En el debate que se generó en el Congreso, Médicos del Mundo puso
de manifiesto que el ejercicio de este oficio perjudica gravemente la salud y
calidad de vida de las mujeres prostituidas, además de representar una forma
más de violencia de género.
Esta postura ‘abolicionista’ pretende
erradicar el intercambio de sexo por dinero, con medidas que van desde su
prohibición expresa hasta la penalización o castigo de los clientes e incluso de
las prostitutas.
La Plataforma por la Abolición de la Prostitución,
considera que "regular significa legitimar, y no se puede legitimar el
hecho de poner precio al cuerpo de una mujer". Por su parte, la Federación de
Mujeres Progresistas y la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas
opinan que el reconocimiento legal de la prostitución supondría "potenciar la
trata de mujeres con fines de explotación".
La Plataforma Catalana de
suport al Lobby Europeu de Dones y el Lobby de Dones de Catalunya se han
declarado abiertamente ‘abolicionistas”. Los pasados 19 y 20 de mayo celebró un
seminario en Barcelona
donde se debatió sobre la desventajas y riesgos que supone la regularización de
esta actividad.
Otros movimientos como la Red Estatal de Organizaciones
Feministas contra la Violencia de Género y el sindicato Unión General de
Trabajadores (UGT) respaldan esta tendencia y recuerdan que existen redes de
explotación que a menudo se hallan detrás de la práctica de la prostitución.
Estas entidades aseguran que reconocerles el estatus de trabajadoras autónomas
puede servir a los intereses de los explotadores.
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Publicado por Rosablanca el 6 de Junio, 2006, 14:18
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