jue 14 sep 2006 07:15:00 CEST
Las iniciativas que incluye el proyecto de Ley van a requerir recursos para su implantación.
La Ley de Igualdad
Las mujeres que trabajan ya no son la
excepción, sino la regla, y lo excepcional serán cada vez más las
familias con un único perceptor de renta. España se encuentra en esta
situación con, hasta la fecha, muy pocas políticas de apoyo
Comienza el curso parlamentario con una agenda que
incluye la tramitación de la Ley sobre la Igualdad entre hombres y
mujeres, cuyo proyecto se aprobó el 23 de junio en el Consejo de
Ministros. Se trata, según las encuestas, de una de las iniciativas
legislativas de este Gobierno que ha tenido índices de aceptación más
altas en la ciudadanía.
Independientemente de las disposiciones concretas a las que se refiere,
la ley introduce planteamientos muy importantes como son las acciones
positivas, la transversalidad y un enfoque nuevo de las políticas de
igualdad.
Las acciones positivas son medidas a favor de las mujeres, para
corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres,
que adopta la Administración para hacer efectivo el principio
constitucional de igualdad. Obviamente, estas medidas se utilizan en
tanto existan las situaciones mencionadas y tienen que ser razonables y
proporcionadas en relación con el objetivo. Un ejemplo de acción
positiva es la propuesta de cambio, en la Ley de Régimen Electoral
General para conseguir una composición equilibrada entre mujeres y
hombres en las listas electorales, de forma que las personas de cada
sexo no superen el 60%, ni sean menos del 40%. Es una propuesta a la
que el Consejo de Estado no ha puesto objeciones y que permitirá que
las mujeres intervengan en política, tan bien o tan mal como los
hombres, sin depender sólo de que las cúpulas de sus partidos
(mayoritariamente masculinas) tengan a bien el permitírselo.
El concepto de transversalidad en las políticas de igualdad se ha ido
configurando a partir de la evidencia de que las acciones positivas y
los programas específicos no logran transformar la igualdad legal en
igualdad real porque se interpretan y se desarrollan como un tema, o un
problema, sólo de las mujeres, gestionado por pequeños organismos en
donde, como ocurre con el Instituto de la Mujer, un puñado de
esforzadas se enfrenta a los elementos. Desde la Conferencia de
Naciones Unidas en Beijing, se ha comenzado a entender que la igualdad
no sólo es un tema que afecte a las mujeres, ni siquiera una
responsabilidad social de todas las personas, hombres y mujeres, que
defienden unas normas justas. Es que, además, importan muchísimo en
políticas generales como la educación, el empleo o la salud. Esto se
vio primero en los países en vías de desarrollo pero después se ha
demostrado cierto para todos los demás. O sea, es un asunto de ida y
vuelta: las mujeres no accederán a la igualdad real sólo con políticas
para ellas y las políticas generales nunca serán de verdad generales,
si no incluyen la dimensión de género en su diseño, su realización y
sus objetivos.
Vamos a ver, después de este verano donde cada día nos desayunábamos
con una historia más terrible que la del día anterior de violencia
doméstica, de genero o machista (tanto da, aquí todo el mundo sabe de
qué se trata), ¿alguien tiene alguna duda de que esa violencia de "la
maté porque era mía" tiene que empezar a combatirse en la escuela y con
una educación diferente y que tiene alguna explicación más allá de que
haya mucho trastornado, "sobre todo emigrante", o de las mujeres se
están "saliendo del tiesto"? Otro ejemplo, esta vez sobre la relación
entre el trabajo femenino y el cuidado de niños, enfermos o ancianos.
Las políticas sociales tienen que tener en cuenta la esperanza de vida,
la natalidad, las pensiones... muchísimas cosas. Pero si no tienen en
cuenta el trabajo de las mujeres, tanto en lo que se refiere a estos
cuidados como al asalariado propiamente dicho, no funcionarán.
El proyecto de Ley que estamos comentando asume este marco y en
consecuencia pone deberes a los diferentes ministerios: Vivienda,
Sanidad, Educación, etcétera, y también muchos deberes al de
Administraciones Públicas que tiene la importante tarea de conseguir
que el Estado sea el primero en dar ejemplo.
Como analiza certeramente Constanza Tibio en su libro Madres que
trabajan, dilemas y estrategias, la situación del trabajo femenino en
España ha cambiado radicalmente. Ahora las familias con hijos menores
en las que ambos cónyuges trabajan a jornada completa representan ya
una mayoría, el 43%, frente a un 42% de familias en las que sólo uno de
los miembros de la pareja trabaja y un 10% en las que uno tiene jornada
completa y el otro tiene un empleo a tiempo parcial.
Las mujeres que trabajan ya no son la excepción, sino la regla, y lo
excepcional serán cada vez más las familias con un único perceptor de
renta. España se encuentra en esta situación con, hasta la fecha, muy
pocas políticas de apoyo: mayormente las abuelas y la doble jornada de
trabajo de las mujeres han permitido ir parcheando la cosa. Pero la
situación no da más de sí y aparecen disfunciones por todos conocidas,
desde la baja tasa de natalidad hasta los mayores que nadie puede
cuidar. A las políticas cuyo objetivo es hacer frente a las tensiones
entre la vida familiar y laboral se les sueles llamar políticas de
conciliación. Pero hay muchas formas de entender la conciliación. Una
de ellas es que las mujeres se concilien consigo mismas, es decir que
sigan asumiendo la responsabilidad del cuidado familiar favoreciendo el
que, además, tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. Las mujeres
dedican al trabajo asalariado un tiempo residual. Otro modelo de
conciliación entre mujeres es el recurso a mano de obra femenina
asalariada por parte de mujeres que lo puedan pagar. En ninguno de los
dos casos tienen que alterarse necesariamente los papeles tradicionales
dentro de la familia, ni cambiar la forma de trabajo en las empresas.
Todo lo más hay que reforzar y favorecer los permisos y las excedencias
que utilizan las mujeres para cuidar a la familia y aquí todos tan
contentos.
Pero no se trata de eso, aunque siempre, y por supuesto, vaya a haber
situaciones intermedias o de transición. Se trata, sobre todo, de que
la conciliación sea hacer compatible tener familia y tener trabajo para
ambos sexos. O sea que hombres y mujeres se puedan conciliar porque
comparten los espacios. Para esto tienen que entrar en el juego, desde
luego los hombres, pero además las empresas y el Estado. Este último
con servicios como los de atención infantil y para personas mayores.
La Ley de Igualdad se inscribe en el segundo modelo y avanza propuestas
en esta dirección: los planes de igualdad en las empresas, o los
permisos de paternidad exclusivos para el padre abren la puerta a ese
cambio hacia un modelo más igualitario y marcan, junto a las acciones
positivas y la transversalidad, un marco normativo coherente.
Las iniciativas que incluye el proyecto de Ley van a requerir recursos
para su implantación. Sobre todo en los ministerios con mayor
implicación, habrá que dedicar horas de trabajo y mucha convicción a
una tarea que no es nada fácil.
Carmen Martínez Ten: miembro del Consejo de Seguridad Nuclear.
Suscriben conjuntamente este artículo Carmen Alborch, Elena Arnedo,
Paca Sauquillo y 20 firmas más.
El Pais
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