Las organizaciones y redes sociales de América Latina y el Caribe abajo firmantes reunidas en las Mesas de Controversia: Democracia y Desigualdad, hacen llegar esta declaración a los Presidentes y Jefes de Estado presentes en la XVI Cumbre Iberoamericana:

1. Entendemos que la superación de la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe no podrá alcanzarse sin justicia social y de género, sin redistribución de la riqueza y sin erradicar las discriminaciones por raza, etnia, origen, clase, procedencia geográfica, orientación sexual, orientación religiosa, edad, capacidades, sexo, condición de cero positividad, entre otras. El pleno ejercicio de derechos debe garantizarse a través de modelos de desarrollo sustentable.

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas son insuficientes para América Latina y el Caribe y son metas minimalistas. A pesar de esto es claro que no se cumplirán en 2015. Instamos a los gobiernos iberoamericanos a atender los problemas estructurales del desarrollo y las necesidades de la población más desfavorecida implementando los acuerdos definidos en las Cumbres del Ciclo Social de Naciones Unidas.

3. América Latina y el Caribe es una región diversa, con múltiples culturas, lenguas, proyectos de desarrollo y composición étnica y racial. Convocamos a los gobiernos de Iberoamérica a apoyar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la LXI Asamblea General de Naciones Unidas.

4. Las sociedades latinoamericanas han afirmado el proyecto democrático. Sin embargo el continente no escapa a las amenazas de autoritarismos y fundamentalismos. El desafío del desarrollo está directamente vinculado con una nueva institucionalidad democrática que combine la representatividad y la participación en un marco de pleno ejercicio de los Derechos Humanos indivisibles, tanto en la dimensión local, nacional, regional y global.

5. La paridad hace a la representación y a sus mandatos e incide directamente en la distribución del poder en la democracia. Las instituciones cambian no sólo por su "misión", también por su composición estructural. Sin mujeres ocupando cargos de poder real, ninguna agenda que tenga como objetivos principales la justicia económica y social, los derechos humanos y la democracia podrá llevarse a cabo. Saludamos en ese sentido los esfuerzos desplegados en Chile y en España.

6. La mayoría de los países de nuestra región está incumpliendo con el Artículo 12.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que establece: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia". Prohibir o limitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios de aborto legal y seguro es discriminatorio y atenta contra el derecho a la igualdad, la libertad, la vida, la salud y la integridad de las mujeres.

7. La migración es un derecho fundamental. Se transforma en un problema cuando las personas se ven obligadas a emigrar debido a la falta de oportunidades en sus países de origen. Las restricciones a la libre migración propician el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, y ponen en riesgo sus vidas. Estas situaciones están directamente relacionadas con la arquitectura financiera internacional, la lógica inequitativa del comercio internacional, la debilidad de los procesos de integración y la incapacidad de los gobiernos nacionales de implementar políticas redistributivas, de generar empleo digno y de poner en práctica políticas públicas integrales.