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La Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, a pedido de la congresista Alda Lazo (AP), acordó expresar su protesta por el acto de discriminación de que fueron objeto las congresistas Sumire de Conde (NUPP) y Supa Huamán (NUPP) por parte de la empresa de aviación Iberia.
Esta determinación la adoptó por mayoría —con una abstención— al iniciar la sesión celebrada el miércoles 29 de noviembre, bajo la conducción de la congresista Tula Benites (PAP), vicepresidenta de ese órgano parlamentario, ante la ausencia por motivos de salud de su titular.
De igual manera, se resolvió solicitar informe al jefe del INEI en relación con la metodología y resultados del último censo poblacional. Sobre la materia, la congresista Tula Benites aludió a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, doctor Alan García Pérez.
Como primer punto de la agenda, la congresista Alda Lazo sustentó el proyecto de su autoría que propone incorporar el delito de violencia familiar en el Código Penal, con una pena privativa de la libertad no mayor de seis años ni menor de nueve meses.
Al respecto, enfatizó que tipificar la violencia familiar como un delito y no como una falta —como está consignado actualmente en la normativa penal— coadyuvará a erradicar un comportamiento negativo que afecta a un importante sector de la ciudadanía, como lo demuestra la magnitud de las denuncias presentadas el año 2005.
Asimismo, sostuvo que se pretende proteger al menor de edad, a la mujer, al hombre y al anciano de actos de violencia psicológica y física, y sostuvo que la violencia familiar limita las posibilidades de desarrollo del ser humano y de la sociedad en su conjunto.
Por su parte, las congresistas Tula Benites, Hilda Guevara (PAP) y Margarita Sucari (NUPP) destacaron la importancia de la iniciativa y formularon algunos aportes.
De igual manera, la comisión sancionó la recomendación de no aprobación y envío al archivo contenida en el proyecto de dictamen recaído en la iniciativa por la que se proponía la protección de las mujeres embarazadas a consecuencia de ser víctimas de delitos contra la libertad sexual. Sobre el particular se dejó constancia de las observaciones presentadas por el Ministerio Público y la Dirección General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud.
Finalmente, se recibió a un grupo de adolescentes de la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes expusieron en torno de los derechos de ese sector de la población.
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