Medidas y planes contra la violencia de género
CC.OO. defiende la difusión y posible mejora de los derechos
laborales, sociales y económicos establecidos en la ley de violencia,
muchos de ellos recogidos en los Acuerdos de Negociación Colectiva de
2007
19-11-2007 - La violencia sexista es un problema
social vinculado a las desventajas estructurales y a la discriminación
que sufren las mujeres en las distintas sociedades. La Asamblea General
de Naciones Unidas declara en su resolución 54/134 (con fecha el 17 de
diciembre de 1999) el 25 de Noviembre como Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha resolución invita
a los gobiernos, organizaciones internacionales y a la sociedad civil a
que organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública sobre este problema. Naciones Unidas elige este día en
recuerdo del brutal asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal,
bajo las órdenes del dictador Rafael Trujillo de República Dominicana.
Hacer visible la violencia contra las mujeres como manifestación de las
desigualdades de género es el mayor reto al que las sociedades se
enfrentan si se quiere avanzar en su detección y eliminación.
A casi tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, el incremento de
mujeres asesinadas (57 en lo que va de año) indica la necesidad de
detectar las posibles deficiencias que inciden en su desarrollo y
aplicación. La ley de violencia ha puesto en marcha medidas importantes
y ha sido reforzada con la aprobación, el pasado 15 de diciembre de
2006, de un Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género
y del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de
Género 2007-2008, en el que han participado los poderes públicos,
organizaciones sociales y personas expertas. El objetivo principal,
tanto del catálogo como del plan nacional, es mejorar la eficacia de
las medidas puestas en marcha y reforzar los mecanismos de protección y
coordinación judicial. Es de esperar que el desarrollo y aplicación de
estas nuevas medidas y el reforzamiento de las existentes den respuesta
a la demanda de las organizaciones de mujeres que atienden expresamente
a víctimas de violencia y de los y las profesionales del ámbito
judicial. Éstos últimos han puesto de manifiesto la saturación de los
juzgados y la escasa formación en género de los operadores jurídicos,
así como las carencias en la asistencia jurídica y el apoyo
psico-social inmediato y permanente a las víctimas. Elementos ambos que
pueden provocar cierta percepción de abandono a lo largo del proceso y
que explicaría, en algunos casos, el quebrantamiento de las órdenes de
alejamiento o que las víctimas se retracten de sus declaraciones en las
vistas orales.
Otra cuestión de importancia, pendiente de desarrollo, es la aprobación
de un programa específico de empleo para las víctimas, una exigencia
recogida en el artículo 22 de la ley. Comisiones Obreras ha solicitado
una evaluación de los resultados que se están obteniendo con las
medidas ya existentes, dado que los datos cuantitativos apuntan a una
baja utilización de las mismas.
“La violencia contra la mujer es compleja y diversa en sus
manifestaciones y tiene consecuencias y costos de gran alcance y
duraderos. Su eliminación requiere de una respuesta amplia, sistemática
y determinada”, declara Kofi Annan en 2006, entonces secretario general
de Naciones Unidas. Coincidiendo con este análisis, CC.OO. asume el
compromiso y la responsabilidad social de trabajar conjuntamente con
los poderes públicos y las distintas organizaciones sociales en la
visualización y eliminación de la violencia de género.
Es importante que las Administraciones Públicas mejoren los mecanismos
de coordinación, colaboración y actuación de los organismos de los
distintos ámbitos competentes y responsables en la detección, atención
y tratamiento de las situaciones de violencia para garantizar la
integridad y seguridad personal de las víctimas. Asimismo es necesaria
la formación y sensibilización de profesionales de los distintos
ámbitos (judicial, policial, educativo, sanitario, publicidad y medios
de comunicación), que juegan un papel primordial para favorecer el
cambio cultural, la acción preventiva y el tratamiento de las víctimas.
CC.OO. defiende la difusión y posible mejora de los derechos laborales,
sociales y económicos establecidos en la ley de violencia, muchos de
ellos recogidos en los Acuerdos de Negociación Colectiva de 2007, así
como favorecer y promover medidas que mejoren las posibilidades de
búsqueda de empleo de quienes han sufrido maltrato. Asimismo el
sindicato resalta positivamente la aprobación, el pasado 22 de marzo,
de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que
mejora el sistema sancionador y de tutela, así como los mecanismos de
protección y prevención del acoso sexual en el trabajo.
Revista Trabajadora
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