Mano de hierro contra el Pueblo Mapuche
Empresas y Derechos Humanos
11-02-2008 - Tras 112 días, la presa política
Patricia Troncoso (“La Chepa”) puso fin a su grito de libertad. Los
gobiernos civiles siguen haciendo oídos sordos a las demandas mapuche.
“Se trata de delincuentes”, señaló la propia presidenta Bachelet en
Suiza, en una conferencia internacional. Lo cierto es que más de 500
mapuche se encuentran procesados por los tribunales bajo leyes
ordinarias y de excepción, como la Ley de Seguridad Interior del Estado
o la Ley Antiterrorista. Cerca de 200 han sido condenados a penas de
prisión en el marco del conflicto por la recuperación de tierras y
derechos. La prolongada huelga de hambre puso en entredicho esta
democracia de mano de hierro y evidenció la represión y mutilación de
derechos que escandaliza al mundo, pero pareciera no incomodar a Chile.
La prolongada huelga provocó en Patricia un profundo deterioro
fisiológico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
solicitó al gobierno informar del estado de salud de la huelguista. Los
otros presos mapuche resistieron 66 y 81 días en huelga. La dramática
protesta no lograba conmover al gobierno. Patricia siguió adelante
demandando una mesa de diálogo. Finalmente, el gobierno acogió el
otorgar ciertos beneficios intrapenitenciarios: “Vencimos el orgullo y
la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar
de lado los intereses personales y mezquinos por otros más solidarios
que aseguren justicia y libertad para todo el pueblo mapuche y chileno,
ambos empobrecidos, explotados por un modelo económico depredador e
inhumano. Deseo decir que hoy sí tenemos un documento que indica la
forma y otorgamiento de los beneficios, pero que es más que un
documento, ya que tiene como garantía a la Iglesia a través de Monseñor
Alejandro Goic como ente fiscalizador de su cumplimiento. La iglesia
nos ha dado su palabra”, declara Patricia en su último comunicado, este
30 de enero. La libertad dominical de los presos políticos mapuche Juan
Millalen, Jaime Marileo y Patricia Troncoso partiría en marzo.
“Las voluntades políticas del gobierno siempre han estado al servicio
de la expansión de las forestales, hidroeléctricas, aeropuertos,
celulosas, proyectos mineros y la depredación y explotación de la
naturaleza, sin pensar si ponen en riesgo nuestras pocas tierras y lo
que nos queda de recursos naturales”, dice Patricia en su comunicado. Y
tiene razón. Sólo las utilidades de las forestales crecieron en 10 años
de más de 1.820 millones de dólares en 1997 a 4.800 millones de
dólares. “¿Cómo se condice esto con la supuesta violencia y terrorismo
que existiría en territorio mapuche? ¿Dónde está la supuesta
inseguridad para las empresas forestales? El único terrorismo que
existe es de parte del Estado que ha utilizado todo el peso de la
institucionalidad y de la fuerza armada para reprimir a un pueblo
inerme, pero digno”, señala Tito Tricot, sociólogo y periodista.
Y es que tras la huelga y el mal llamado “conflicto mapuche” subyace el
problema de fondo: la tierra. Decenas de comunidades están cercadas por
extensos predios forestales de pinos y eucaliptos de grandes holding
como el Grupo Angelini o el Grupo Matte. Estas corporaciones -y otras-
superan los 2,5 millones de hectáreas. Los mapuche, que antes de la
ocupación militar y despojo de su territorio poseían unos 10 millones
de hectáreas, apenas poseen hoy 700 mil. Ese es el verdadero conflicto
oculto. Las forestales y celulosas son respaldadas y protegidas por los
gobiernos civiles de la Concertación y, anteriormente, por la dictadura
militar. “Esta situación inevitablemente deriva en conflictos al
resistirse legítimamente las comunidades a que se siga afectando su
calidad de vida. Asimismo, lo que acontece demuestra los niveles de
intervención de los grupos económicos que son amplísimos en Chile. Sus
redes empresariales y familiares han demostrado enorme capacidad de
influencia sobre partidos políticos, poderes públicos, autoridades y
medios de comunicación, dejando en el absoluto desamparo a grupos
sociales víctimas de estas inversiones y sus efectos”, dice el
investigador Alfredo Seguel.
Se oculta con mano de hierro los irreversibles perjuicios ecológicos
que produce este modelo. “Mientras el deterioro al medioambiente y la
pobreza avanzan, se incrementan las ganancias de los dos principales
magnates forestales. La revista Forbes en su ranking 2007, situó en el
lugar 119 de los multimillonarios al magnate Anacleto Angelini
(recientemente fallecido), con una fortuna de más de 6.000 millones de
dólares, y en el lugar 137 a Eleodoro Matte con 5.600 millones de
dólares. Angelini y Matte encabezan a nivel mundial la producción de
celulosa a través de los holding CMPC y Celulosa Arauco,
respectivamente. Su imperio forestal fue posible gracias al Decreto Ley
701, promulgado el año 1974 por la dictadura de Pinochet, que subsidió
con recursos y tierras el arribo de la industria forestal al territorio
mapuche. Ambos controlan las principales forestales: Forestal Mininco y
Forestal Bosques Arauco”, dice el periodista Pedro Cayuqueo.
Bosques Arauco es la mayor propietaria en la VIII Región. Uno de los
puntales de su expansión es Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Una
de las industrias más grande del mundo que permitirá la producción
anual de 700 mil toneladas de celulosa kraft. Controla la mayor base
forestal en América del Sur: cerca de 800 mil hectáreas en Chile,
Argentina y Uruguay. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
(CMPC), del Grupo Matte, controla Forestal Mininco y posee más de 400
mil hectáreas reclamadas por comunidades mapuche de Arauco y Malleco.
Posee una de las mayores fábricas de papel en América del Sur.
Participa o controla más de 30 madereras, financieras, mineras,
sanitarias, empresas de telecomunicaciones, energía, puertos e
industrias. Y está hoy ampliándose en el megaproyecto HidroAysén que
construirá 4 represas en los ríos Baker y Pascua, en la XI Región.
¿Terroristas?
“El gobierno al parecer no quiere hacerse cargo de la injusticia y
arbitrariedad con la que ha actuado, aplicando ilegítimamente una ley
que no se relaciona con los hechos o delitos supuestamente cometidos
por los mapuche. Ningún prisionero condenado por la Ley antiterrorista
cometió un hecho terrorista, nunca han afectados bienes jurídicos que
sean trascendentes o que se encuentren amparados o protegidos por dicha
ley. Sus acciones reivindicativas han sido tratadas judicialmente como
terroristas, calificación jurídica cuestionada internacionalmente. El
caso Poluco Pidenco ha tenido un tratamiento judicial distinto con
consecuencias para los acusados también distintas, unos fueron
condenados como terroristas y otros fueron condenados por un delito
común de incendio. Esta situación es la que motiva la protesta pacífica
al estilo de Mahatma Ghandi de Patricia Troncoso. Calificar de
subversivos al pueblo mapuche constituye una estigmatización racista
que repugna con los valores y principios de la igualdad y la dignidad
humana. La actitud noble de la iglesia, ahora del lado del pueblo
indígena, es el reflejo de una mirada humanista de la convivencia
humana, una mirada ausente y que no la advertimos en quienes tienen en
sus manos las responsabilidades del Estado”, dice el abogado Alberto
Espinoza.
Durante la huelga, el gobierno impidió que Patricia se comunicara con
la CIDH, como había sido solicitado por Santiago Cantón, secretario
ejecutivo del organismo con sede en Washington, en el marco de la
medida cautelar interpuesta en noviembre de 2007 por el Equipo Jurídico
de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche. El gobierno chileno a través
del Seremi de Justicia (S) de la IX Región no accedió a que Patricia
-en ese momento con 98 días en huelga de hambre-, conversara con
Cantón, imponiéndole una incomunicación ilegal y arbitraria. Los
abogados denunciaron que el Ministerio de Justicia y Gendarmería la
trasladaron a un hospital de Chillán contra su voluntad y la de sus
familiares. Su delicado estado de salud hizo temer un desenlace fatal.
Su traslado fue recomendado por un equipo interdisciplinario de médicos
dispuesto por el gobierno y avalado por la familia, pero a un centro
asistencial de Santiago. Gendarmería no tomó en cuenta dicha
recomendación poniendo en riesgo su vida. Patricia perdió más de 25
kilos en los tres meses de huelga de hambre y su salud sigue siendo de
sumo cuidado.
Otro mártir
Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad de
La Frontera (UFRO), de Temuco, murió mientras participaba de una
recuperación de tierras en Santa Margarita. “Ingresamos al lugar e
inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras.
Nosotros comenzamos la retirada y una bala alcanzó al hermano Matías”,
testimonió un mapuche en radio Bío Bío, el 3 de enero. Matías esa
mañana, junto a una treintena de comuneros del sector Yupeco, en
Vilcún, ingresó al sitio. Las únicas seis balas disparadas provinieron
de armas policiales. La del cabo 2º Walter Ramírez Espinoza, entró por
la espalda de Matías y perforó su pulmón izquierdo, según un informe de
la Brigada de Homicidios de Investigaciones. Su cuerpo fue entregado a
unos 5 kilómetros del lugar por sus compañeros. Fue trasladado en una
improvisada camilla. Los policías perseguían a los mapuche por tierra y
aire mientras éstos se negaban a entregar el cuerpo a Carabineros,
solicitando la mediación de la Iglesia. Tras horas de negociación -y
pese a la negativa inicial de las autoridades regionales a permitir la
intervención de la Iglesia-, una comitiva encabezada por el obispo de
la Araucanía, monseñor Sixto Parzinger, posibilitó que el cadáver de
Matías fuera entregado al Servicio Médico Legal. “El disparo criminal
provino de Carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción
como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo uso desproporcionado
de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la
fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más, sabemos cómo se
denomina a aquellos que atacan por la espalda. No queremos más
impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad
ha sido reconocida”, dijo Mónica Quezada, la madre de Matías a la
prensa.
Miles de personas rindieron homenaje al joven mapuche. “Reivindicamos a
Matías Catrileo Quezada como un digno weichafe de la causa mapuche.
Junto a Alex Lemun se convierten en mártires gracias al accionar vil de
Carabineros en los gobiernos de la Concertación. Los culpables
operativos de este asesinato son las fuerzas represivas: sus
responsables políticos son Felipe Harboe, Belisario Velasco y la
presidenta Bachelet, quienes llevarán también la responsabilidad
histórica de haber asesinado a un luchador de la justa causa mapuche
por la recuperación de sus derechos”, dijo al término de la ceremonia
Oscar Ancatripay, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La
Fiscalía Militar investigará el crimen de Catrileo en virtud de las
leyes de excepción que entregan esa facultad al fuero militar. Incluso
será el mismo fiscal que cerró la causa por el asesinato de Alex Lemun
quien investigara el caso Catrileo.
“Los asesinaron por mapuche, acaso por pobres, y sobre todo por indios,
porque el Estado chileno surgió y se consolidó negando a los pueblos
originarios, su cultura, su identidad y su territorio. Por lo tanto,
basta de hablar del conflicto mapuche, este es un conflicto chileno que
se basa en el profundo racismo de las clases dominantes y en el abisal
terror de conocer y reconocer su morenidad, por ello, desde el poder,
siempre afirmaron la chilenidad y negaron la mapuchidad, lo cual se ha
transformado en el anverso y reverso de una matriz de dominación que ha
perdurado hasta la actualidad. Los gobiernos civiles que se auto
califican de democráticos, han criminalizado la demanda mapuche e
implementado un sistema represivo que se traduce en la militarización
de algunas comunidades, allanamientos masivos, golpizas, y también,
asesinatos. Es la democracia a la fuerza, la imposición de la
chilenidad a la fuerza, la asimilación a la fuerza, el modelo económico
a la fuerza. Porque no cabe duda que uno de los principales elementos
del conflicto chileno es la defensa y reproducción del modelo
neoliberal en territorio mapuche, es decir, se verifica una clara
imbricación de lo político y lo económico desde el poder para
viabilizar la implementación, el desarrollo y la consolidación del
modelo de un Chile empresarial”, concluye Tito Tricot.
Rel-Uita
Red Latinoamericana de trabajadores de la alimentación, agricultura, hosteleria y afines
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