Propuestas por ejes

Introducción

El modelo económico neoliberal en su búsqueda desmedida de ganancia, se apropia de todas las formas de trabajo de nosotras las mujeres, controla nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestras vidas.  Genera sobreexplotación, amplía las desigualdades, la discriminación y la exclusión de las mujeres del campo y de la ciudad, así como la mercantilización de nuestros cuerpos.  Restringe el acceso y control de los recursos para las mujeres, incrementando la feminización de la pobreza.

El neoliberalismo invisibiliza la economía del cuidado, que subvenciona a las economías familiares, al Estado y las empresas privadas a nivel mundial.  Las más afectadas e invisibilizadas por el no reconocimiento de la economía del cuidado como economía productiva, son las mujeres campesinas, indígenas, trabajadoras del hogar, amas de casa y de organizaciones sociales de base (vasos de leche, comedores populares, redes de casas de refugios, etc.), que en general realizan trabajo no remunerado.

Este modelo quita y restringe oportunidades de trabajo y salario digno, al extremo de someter a las trabajadoras y jóvenes a condiciones infrahumanas y de esclavitud, incluidas las trabajadoras familiares no remuneradas, quienes no cuentan en la práctica con seguridad ni beneficios sociales, incluidos las pequeñas productoras urbanas y rurales.  Asimismo, impide toda forma de agremiación como eje fundamental para la defensa de los derechos de las y los trabajadoras/es.

El neoliberalismo ha incrementado la migración del campo a la ciudad por la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, producto del despojo y de la reconcentración de las tierras.  Vemos el incremento del turismo sexual en el Sur, y la migración hacia el Norte, vinculada al empleo doméstico.  Las mujeres que intentan migrar se encuentran con políticas restrictivas de migraciones, que generan el incremento del tráfico y la trata para la prostitución y la industria del entretenimiento y la pornografía.

Nosotras las mujeres, estamos preocupadas por el descuido de la producción agropecuaria frente a los subsidios que reciben las grandes corporaciones de alimentos, por la introducción y promoción de la explotación minera en nuestros territorios, por el fomento de los agrocombustibles, por las dificultades de acceso al mercado nacional e internacional debido a la competencia desleal de productos importados, por la introducción y promoción de las técnicas e insumos químicos que atentan contra nuestra biodiversidad y las prácticas ancestrales de producción, así como la apropiación de los conocimientos en el manejo de la biodiversidad.

Otras de las consecuencias de este modelo, es el aceleramiento del cambio climático y la generación de cambios espectaculares, como hambruna, sequías, inundaciones e incendios forestales, convirtiéndose en procesos irreversibles y de consecuencias nefastas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables.  Son los pueblos del sur, las comunidades y las mujeres, los/as más pobres y afectados/as por los desastres, constituyéndose en un sector en permanentemente riesgo.

Asimismo, este sistema ha profundizado los fundamentalismos así como la injerencia de las iglesias en las decisiones estatales y en nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Debemos seguir fortaleciendo una corriente de derechos humanos, con principios de dignidad y autonomía, por un sistema internacional de seguridad y protección que los garantice, así como por Estados laicos en nuestros países.

Apostamos por una concepción inclusiva, interdependiente, indivisible e integral de los derechos humanos, donde la construcción de nuestras identidades como sujetas de derecho parta del reconocimiento de ser mujeres y las desigualdades de género y de de nuestra diversidad sexual, nuestra autonomía reproductiva, condiciones materiales para todo ejercicio de nuestros derechos, y redistribución equitativa de la riqueza. Por ello proponemos:

Eje 1: Estrategia de Liberalización del Comercio y Competitividad de UE y ALC

1.         La liberalización del comercio para el desarrollo es un mito porque no trae ni traerá beneficios, porque genera desigualdades, pobreza y exclusión.

2.         Rechazamos la estrategia de liberalización y competitividad de UE-ALC por que afianza el modelo neoliberal excluyente, mercantilista y patriarcal, y responde a un proyecto de expansión imperialista económico, político y cultural sobre nuestros pueblos.  En su lugar proponemos un comercio realmente justo basado en la reciprocidad, que se viene construyendo desde los pueblos originarios, comunidades andinas, organizaciones populares, organizaciones de mujeres y demás expresiones de los movimientos sociales.  En ella se reconoce el rol económico de las mujeres y el valor de su trabajo para la preservación y mejora de las condiciones de vida.

3.         Exigimos un Estado intercultural al servicio de todos y todas las ciudadanos/as, que garantice de manera irrestricta los derechos humanos reconocidos éstos como integrales, interdependientes e indivisibles, a la vez que regule al capital financiero.  Un Estado cuya política tenga como centro a la persona humana en equilibrio con la naturaleza y no al mercado.

4.         Exigimos que la cooperación no se entienda como compensación sino como una relación entre países, equitativa, justa y en igualdad de condiciones.

5.         Exigimos que la Cláusula Democrática no sea un mecanismo para la contención social y que tenga efectos vinculantes.

Eje 2: Integración Regional y Alternativa.  Alternativas desde los Movimientos Sociales

1.         Proponemos una integración desde y para los pueblos que se base en la reciprocidad y la solidaridad.

2.         Exigimos se reconozcan las asimetrías así como las capacidades de los pueblos por crear sus propios modelos de bienestar defendiendo sus medios de vida.

3.         Demandamos una integración generadora de igualdad y en lucha permanente contra todo tipo de discriminación, que afirme nuestra libertad tanto personal como colectiva desafiando las otras formas de libertades inviables para el conjunto de la sociedad, pero de la que gozan las empresas transnacionales.

4.         Exigimos una integración intercultural, que reconozca a la diversidad como base para ampliar los derechos, profundizar la democracia y construir justicia e igualdad.

Eje 3: Cambios Climáticos y sus Impactos en Recursos Naturales y Servicios Públicos

1.    Exigimos a los países del norte la drástica reducción de sus emisiones de GI y que cumplan con el protocolo de Kyoto.  Señalamos también la urgencia de cambiar el modelo económico imperante que se constituye en causa fundamental del cambio climático.

2.    Rechazamos la utilización de áreas de cultivos de alimentos y la ampliación de la frontera agrícola para implementar los mega proyectos de agrocombustibles en el Perú, ya que pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria local, afectando las economías de las y los más pobres, entre ellos las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.

3.    Exigimos a la V Cumbre estrategias y políticas coherentes para la adaptación al cambio climático de los hombres y mujeres de las comunidades y pueblos vulnerables, que parta desde el reconocimiento de sus derechos al agua, tierra, suelo, subsuelo, territorio, semillas nativas, conocimientos ancestrales que constituyen la base para una adaptación sostenible.  Asimismo, recuperación y protección de nuestras semillas nativas por su demostrada resistencia a eventos extremos, evitando el ingreso de semillas transgénicas, incluso a través de la ayuda humanitaria.

Eje 4: Pueblos Indígenas.  Producción Campesina, Acceso a la Tierra, Soberanía Alimentaria y Agrocombustibles

1.    Exigimos se garantice el ejercicio del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de mujeres y hombres de las comunidades nativas, indígenas y campesinas, al acceso y control de los recursos naturales en igualdad de condiciones, al reconocimiento y valoración del conocimiento local en el manejo de nuestra biodiversidad mediante la implementación de políticas y programas que fomenten la producción de la agricultura sostenible.

2.    Exigimos el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y revisar las normas y tratados nacionales e internacionales, así como implementar un marco legal que garantice el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, como el agua, de las mujeres nativas, indígenas y campesinas.

3.    Implementar políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar y de las pequeñas productoras, a través del fomento de la diversidad de los sistemas productivos y tome en cuenta el aporte de las mujeres en la producción, soberanía alimentaria, biodiversidad y conocimiento ancestral.

4.    Demandamos la implementación de una educación intercultural y bilingüe que responda a las características de las comunidades indígenas y rurales.

Eje 5: Trabajo, Migración, Derechos Laborales y Sindicales

1.         Exigimos a los Estados de la UE y AL mayor regulación, control y sanción a los capitales transnacionales.  Es indispensable que se den cambios normativos y de políticas que facilitan operar a los capitales y que atentan contra los convenios internacionales.

2.         Exigimos que se eliminen los regímenes especiales que recortan derechos laborales, en especial los de las mujeres y que se promulgue la Ley General del Trabajo.

3.         Exigimos el reconocimiento del trabajo del cuidado o trabajo reproductivo, como aporte al desarrollo y por ello garantizar a las trabajadoras del hogar, amas de casa, mujeres campesinas indígenas, migrantes, sus derechos a la salud, educación, vivienda, empleo y eliminar toda forma de discriminación. Igualmente el trabajo no remunerado de las organizaciones sociales de base.

4.         Exigimos el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y de los Convenios y Pactos Internacionales: OIT, CEDAW y otros.

5.         Exigimos la erradicación del trabajo infantil y la trata de personas, en especial de niñas y mujeres.

Eje 6: Derechos Humanos, Discriminación, Criminalización de la Protesta y los Movimientos Sociales, Militarización

Derechos Humanos:

1.         Denunciamos la mercantilización de los derechos humanos como parte de una política de negociación de los Estados latinoamericanos con los europeos, acentuando así las asimetrías económicas, sociales y de género.

2.         Exigimos la revisión de la legislación penal que discrimina las mujeres como aquellas que penalizan nuestros derechos a decidir sobre el aborto y ejercicio de la sexualidad.

3.         Develamos el fracaso de la política de chorreo económico, exigiendo respuestas tangibles y concretas a las políticas sociales, rechazando políticas asistencialistas y compensatorias, que desarticulan lo económico y lo social.

4.         Las mujeres debemos ser tratadas como sujetos de derecho.  Exigimos la valorización del trabajo doméstico como aporte a la sociedad y a la economía de nuestros países.  La globalización del respeto al trabajo digno como garantía de desarrollo del ser humano.

5.         Exhortamos a los países pertenecientes al Consejo de Europa que firmen y ratifiquen el convenio contra la trata de los seres humanos.  Dicho convenio entró en vigor el primero de febrero del 2008.  España, República Checa y Estonia, no lo han firmado.  Este convenio contempla la protección, prevención, asistencia, reparación de las víctimas, y su regularización administrativa.

6.         Los acuerdos comerciales deben exigir que los Estados respeten los Tratados, observaciones, recomendaciones y dictámenes emitidos por las instancias que vigilan tratados de los derechos humanos.

7.         Nos pronunciamos contra la privatización de la educación y la salud, que cierra las posibilidades de acceso a los más pobres a la información y la tecnología global.

8.         Exigimos el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes de las/los discapacitadas/os y de las/los adultas/os mayores peruanas/os, así como de la protección de la salud (SIS, Seguridad Social).

9.         Respeto a la soberanía de nuestras fronteras y nuestro territorio y el retorno inmediato de las tropas foráneas.

Discriminación:

1.         Denunciamos el racismo institucional y estructural de los estados que afecta sobre todo a la mujer inmigrante, es por esto que es imprescindible que los estados reconozcan los DD.HH. de las y los inmigrantes, sin distinción por origen étnico, género, situación administrativa, orientación sexual y país de origen; también deben reconocer la ciudadanía de todas las migrantes para que se las proteja de ser víctimas de la trata, matrimonio servil, explotación laboral y sexual y violencia de género, y de ataques xenófobos verbales y físicos.

2.         Denunciamos la criminalización de las ideas, de la protesta social y la militarización.  El gobierno peruano viola sistemáticamente los derechos a la libre organización y a la libertad de pensamiento, encarcelando a personas con ideas opuestas al sistema capitalista, llamando terrorismo a toda acción detractora.  Rechazamos toda política represora del actual gobierno.  Alto a la militarización de nuestros países.  Los derechos humanos no se mercantilizan, se respetan.  El terrorismo internacional no es disculpa para intervenir a los países que viven sus propios procesos de expresión y opinión como ciudadanos.  La criminalización de las ideas y de la protesta tiene como uno de sus principales aliados a algunos medios de comunicación que tergiversan la información y niegan el “derecho a la libertad de expresión” a las y los ciudadanas/os que ejercen su derecho.

Las mujeres enlazadas hacia la cumbre de los pueblos, Apostamos por:

1.         La soberanía de los pueblos a su derecho y capacidad por autoafirmarse y crear sus propios modelos de bienestar.

2.         Ampliar nuestros derechos para una vida digna, en la que sea posible la libertad, la autonomía, la justicia, la solidaridad, la diversidad, la equidad, el deseo, el goce, la utopía, el afecto y la paz.

3.         Una democracia laica y por derechos humanos como realidad social y política, al mismo tiempo que como horizonte.  Una democracia que se oponga y critique cualquier mecanismo de tutelaje o coacción que impida la construcción de una ciudadanía plena para mujeres y hombres.

4.         Garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de mujeres y hombres de las comunidades nativas, indígenas, campesinas, afrodescendientes al acceso y control de los recursos en igualdad de condiciones, al reconocimiento y valoración del conocimiento local en el manejo de nuestra biodiversidad, mediante la implementación de políticas y programas que fomenten sistemas productivos sostenibles.

5.         Evidenciar que el cambio climático es un problema político y de derechos, que afecta a las poblaciones pobres y vulnerables y que el uso de la tecnología será viable cuando los estados puedan garantizar el acceso a la tierra, territorio, agua, suelo, subsuelo, bosques, biodiversidad a las mujeres y hombres de los pueblos.

6.         Desarrollar vigilancia social permanente desde las organizaciones de la sociedad civil.

7.         Seguir fortaleciendo una corriente de derechos humanos y un sistema internacional de protección de los mismos, que garantice los principios de dignidad, autonomía, interdependencia e indivisibilidad y que sirva como base de los sistemas económicos y políticos.

8.         Una concepción de los derechos humanos inclusiva e integral, donde la construcción de las identidades y la ciudadanía global garantice la autonomía sexual y reproductiva, reconozca la diversidad cultural y sexual, asegure las condiciones materiales para el ejercicio de nuestros derechos, civiles, políticos, sociales, culturales, económicos, sexuales, reproductivos y ambientales, así como la redistribución equitativa de la riqueza, comprometiendo a los capitales transnacionales, nacionales y al Estado en ello.

9.         Lograr una mayor participación entre los pueblos, desde los medios de comunicación de América Latina, como espacios de participación ciudadana para una mayor articulación y diálogo entre los actores sociales que busquen visibilizar las diversas identidades y culturas y que facilite y empodere a las poblaciones en la toma de decisiones.  Apostamos asimismo, por reformular los modelos culturales y estéticos discriminatorios promovidos por los medios de comunicación, tomando en cuenta los imaginarios culturales de mujeres y hombres en las representaciones de sus propuestas.

10.     Asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos asumidos por el Estado en acuerdos internacionales y por erradicar la criminalización de la protesta social, la persecución política, las desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, como prácticas de control social que desvirtúan el sistema democrático.

Erigimos nuevas formas de entender y hacer política democrática, horizontal, afectiva y humana.  Construyendo nuevos mundos y ampliando nuestros derechos, para una vida digna donde tenga lugar la libertad, la autonomía, la justicia, la solidaridad, el trabajo, la diversidad, la equidad, el deseo, el goce, la utopía, el afecto y la paz.

Mujeres Autónomas, Pueblos Soberanos

Lima, 3 de mayo del 2008

Agenda Joven en DDSSRR, Articulación Feminista Marco Sur, Asoc. Aurora Vivar, Asoc. Centro de Desarrollo de la Mujer Warmi Wasi, Asoc. Centro Filomena Tomaira Pacsi, Asoc. Humanidad Libre-Arequipa, Campaña por la Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Comisión de Mujer y Equidad de Conades, CCTH, CEDAL, Ceproda Minga, CGTP, CMP Flora Tristán, Comunidad Internacional de Mujeres, Coordinadora Político Social, Consumidoras por el Desarrollo, Centro para el Desarrollo Urbano y Rural-CEPDUR, Demus, Ecovida, FEMUCARINAP, GCAP Perú - FTF, Grupo Género y Economía, IBIS Perú, INCAFAM, Judeu, La Mestiza, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Lundú, Marcha Mundial de las Mujeres, Mesa de Género del Cusco, Milenia Radio, Movimiento Amplio de Mujeres, Movimiento el Pozo, Movimiento Ciudadanas del Cono Norte, Pacha Alterna, PDTG, Proceso Social, RECARE, Red Nacional de Promoción de la Mujer-RNPM, Sintrahogar, Tierra de Todos, y muchas otras organizaciones y mujeres.

Cuidar la igualdad de la mujer cuidando el lenguaje no sexista

Al igual que cuidamos de nuestra ortografía también deberíamos acostumbrarnos a revisar si en nuestros escritos o en los documentos que generan nuestras empresas estamos utilizando un lenguaje excluyente, sexista o discriminatorio hacia la mujer.

26-02-2008 - El lenguaje forma parte de la imagen, influye directamente en la concepción sociológica que se tiene de las personas. Permite moldear comportamientos y conductas tanto colectivas como personales. Por tanto un buen uso del mismo permitirá una mejor comprensión de la realidad.

Es posible disfrutar de una forma más completa del uso del lenguaje; sensible a diferencias e igualdades. Que permita descubrir otra forma de mirar y utilizar las palabras.

Decía Wittgenstein, refiriéndose al lenguaje como limitador de espacios y contenidos “los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo”; en la medida que utilizamos en el lenguaje escrito, en los documentos, en las páginas web, un solo género casi exclusivamente el masculino estamos limitando o desconociendo la existencia de la figura y del género femenino.

Esa forma aparentemente inocente “invisibilizar” la presencia de las mujeres ha conllevado, en último extremo, durante siglos su práctica inexistencia en multitud de ámbitos.

Si queremos avanzar en una mayor igualdad real es bueno empezar por cuidar el lenguaje. Existen ya herramientas informáticas que permiten detectar y corregir el lenguaje sexista en documentos electrónico. No es la solución definitiva para alcanzar un lenguaje no sexista pero nos permiten ir familiarizándonos y modificando nuestros estereotipos de género producidos por un habito, al redactar, erróneo y poco igualitario.

Por ello es fundamental que los medios de comunicación y las Administraciones públicas, por su capacidad mediática y de difusión actúen como modelos de referencia en este aspecto sirviendo de ejemplo en el compromiso de avanzar en la igualdad de la mujer evitando el uso de un lenguaje sexista y discriminatorio.

Canal Concilia

Permite sacar conclusiones para determinar un plan de acción que logre la igualdad efectiva en la empresa

18-02-2008 - Existe cierto desequilibrio en cuanto a la diversidad de género en el mercado laboral español. Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2007, la tasa de actividad masculina supera el 69%, pero la femenina no llega al 49%. Además, el índice de desempleo masculino es de un 6,1%, mientras que el femenino es casi del 10,5%.

Es también significativa la escasa presencia femenina en los consejos de administración de las empresas, que tres cuartas partes del colectivo de directivos (74%) lo formen hombres, y que la proporción sea aún más desequilibrada en los comités de dirección, donde sólo hay 15 mujeres por cada 85 hombres.

Por otra parte, el pasado 23 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Esta ley, que ya ha cumplido su primer medio año de vida y que modificó nada menos que veintitantos artículos del Estatuto de los Trabajadores y una treintena de leyes, pretendía prevenir las conductas discriminatorias para hacer realidad el principio de igualdad que avala la Constitución. Se trata de una ley transversal, con un campo de actuación que se extiende a todas las que se promulguen en el futuro, así como a la actuación de la función pública, y a otros aspectos relacionados, con lo que su impacto trasciende lo estrictamente laboral.

Pero una cosa son las leyes que se promulgan y otra muy distinta la realidad. Con el fin de solventar estas diferencias, las empresas empiezan a someterse a las denominadas auditorías de igualdad. La auditoría de igualdad es el conjunto de actividades que a partir de un análisis de distintos aspectos que afectan a la fuerza laboral de la empresa (y diferencias por género) -por ejemplo: distribución de la población, tipos de contratos, edad, salarios tras las promociones, relación entre incrementos y evaluación del desempeño entre otros- permite sacar conclusiones sobre las áreas de riesgo para la empresa y determinar un plan de acción para lograr la igualdad efectiva.

A pesar de que cada sector y cada compañía tiene peculiaridades propias del negocio, pueden establecerse aspectos comunes para todos que permiten detectar potenciales áreas de riesgo, y que ayudan a diagnosticar los problemas que existen en el ámbito de la igualdad.

Tras la primera fase de análisis, consistente en comparativas por sexo entre el número total de empleados, los ascensos y salarios, en la progresión profesional de carreras, en la formación, etcétera... se determinan cuáles son las principales áreas de mejora y se proponen soluciones adaptadas a los problemas detectados. Las medidas a tomar suelen requerir una revisión de la política de incrementos, ajustes de bandas salariales, reconocimientos profesionales, diseño de sistemas de incentivos y de evaluación del desempeño, así como políticas de conciliación y flexibilidad en el empleo. Los procesos de gestión y retención del talento también deben ser analizados desde la perspectiva de la gestión de la diversidad, si se desea que éstos sean efectivos.

¿Por qué llevar a cabo una auditoría de igualdad? El principal motivo de su utilización es determinar los problemas que la empresa debe afrontar para lograr una igualdad efectiva, así como proponer un plan de acción óptimo, ya que como hemos dicho no sólo existe la presión legal, sino que además hay que tener en cuenta los aspectos reputacionales y los costes económicos y legales a los que las empresas se enfrentarían en caso de no ponerse al día en materia de igualdad.

Sin duda, estas auditorías se presentan como una oportunidad para las empresas a la hora de mejorar su reputación o imagen de cara a los inversores y empleados.

Aproximadamente, la mitad del capital intelectual de la sociedad lo forman mujeres (51%), por lo que las empresas no pueden permitirse desaprovechar la oportunidad que esto supone para garantizar competitividad en el mercado.

María Luisa García es consultora de Towers Perrin Human Services.
El Pais

CCOO, CSIT y UGT denunciaron ayer el incumplimiento de las leyes estatales por parte del Gobierno regional, que usurpa derechos laborales al impedir la acumulación de las horas de lactancia a los empleados públicos de la Comunidad.

28-01-2008 - Mujeres no sindicadas han enviado a Aguirre un escrito explicándole la situación.

Estas trabajadoras no sindicadas, algunas de las cuales han reconocido votar al PP, no entienden cómo el Gobierno regional no aplica las leyes en defensa de la mujer y la familia.

Desde hace casi un año, los empleados públicos españoles disponen de una normativa que permite acumular las horas de lactancia al permiso de maternidad: en primer lugar, a través de la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 de 22 de marzo, y posteriormente, por el Estatuto Básico del Empleado Público Ley 7/2007 (BOE 13 de abril).

Sin embargo, para gozar de este derecho, los empleados públicos necesitan, además, que esta normativa estatal tenga un desarrollo autonómico, que en Madrid no existe, «como ni existe, siquiera, intención aparente del Gobierno regional de actuar en este sentido».

CCOO, CSIT y UGT recuerdan que estas leyes suponen una obligación para el ejecutivo, «cuyo olvido intencionado está mermando los derechos de los trabajadores del sector público madrileño».

Según los sindicatos, «esta usurpación de derechos está, claramente, ligada a la negativa de la Administración autonómica de abrir el diálogo con los sindicatos».

El Mundo

El Índice de Equidad de Género

La equidad de género es un concepto complejo, multifacético y de difícil medición. A fin de contribuir al debate y al monitoreo consistente de la situación de las mujeres, Social Watch desarrolló un Índice de Equidad de Género (IEG). El mismo permite posicionar y clasificar a los países en función de una selección de indicadores relevantes de inequidad de género, escogidos de acuerdo a información disponible y comparable a nivel internacional.

El IEG clasifica 154 países y verifica, de manera concluyente, que en ningún país las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones, que para eliminar las disparidades de género no es necesario que existan elevados niveles de ingreso y que, si bien la situación de las mujeres ha mejorado en algunos aspectos a lo largo de los años, está claro que sus oportunidades en los ámbitos económico y político aún son limitadas.

Las tres dimensiones incluidas en el IEG* son: actividad económica, empoderamiento y educación. Los valores posibles del índice se ubican entre 0 y 100, tendiendo a 0 en los países con menor equidad y a 100 en aquellos con mayor equidad.

Suecia, Finlandia, Rwanda y Noruega registran los más altos puntajes en el IEG 2007. En estos países existe una menor desigualdad entre mujeres y varones. Han logrado este buen desempeño gracias a la aplicación de políticas activas, sobre todo leyes de cuotas políticas y políticas de equidad en el mercado de trabajo.

El IEG presenta información para 40 países de África Subsahariana, 36 de Europa, 28 de América Latina y el Caribe, 19 de Medio Oriente y Norte de África, 18 de Asia Oriental y Pacífico, 6 de Asia Central, 5 de Asia Meridional y 2 de América del Norte. En conjunto, estos países representan más de 90% de la población mundial.

El IEG fue construido por primera vez en 2004. Aquí se presenta la evolución para el período 2004-2007, así como el último dato disponible para los distintos países.

Geografía de la inequidad

Si observamos el desempeño regional del IEG, encontramos que los valores más altos se registran en América del Norte , seguidos de Europa y en tercer lugar América Latina y el Caribe. En cuarto lugar, se ubica Asia Oriental y Pacífico . Las regiones con los valores más bajos en el IEG son, en orden descendente, Asia Central, África Subsahariana, Asia Meridional y Medio Oriente y Norte de África. A su vez, América del Norte es la región que más ha retrocedido en los últimos años. Si bien como región se ubica en los valores más altos del IEG, también es la que más retrocede.

Argentina promedia la Tabla con 70 de IEG, compartiendo los valores con Sudafrica, Hungría, Eslovaquia, Hong Kong (China).

Para no seguir reproduciendo la desigualdad de género, los gobiernos deben implementar políticas integrales que reconozcan, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, según un informe de la Cepal sobre el cumplimiento del tercer Objetivo de Desarrollo para el Milenio (ODM).

14-12-2007 - Los ocho grandes ODM fueron fijados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 en su sede de Nueva York, con plazos casi todos ellos en 2015 y tomando como referencia los indicadores de 1990.

El primer compromiso de las también llamadas metas del milenio es abatir la pobreza extrema y el hambre a la mitad de los registros de 1990, al que le siguen lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida y otros males, garantizar la sostenibilidad del ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El tercer ODM es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer en tres dimensiones: económica, política y física (violencia y ejercicio de los derechos reproductivos).

La meta asociada a este objetivo es "eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015".

Los cuatro indicadores fijados para medir su cumplimiento son la relación entre niñas y niños en todos los niveles educativos, la relación entre las tasas de alfabetización femenina y masculina de personas entre 15 y 24 años, la proporción de mujeres en empleos no agrícolas y la representación parlamentaria.

"Si se analizan los indicadores oficiales, hay un progreso en el cumplimiento del tercer ODM en América Latina y el Caribe. Pero éste es lento e insuficiente", dijo a IPS Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Por ello, la experta cree que "es necesario ponerle atención a las otras dimensiones" abordadas en el informe titulado "Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: Una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe", presentado este martes en Santiago.

El documento de 151 páginas, elaborado por las agencias que componen el sistema de ONU, analiza, además de la meta y los cuatro indicadores oficiales, tres complementarios y siete adicionales.

"Los indicadores del tercer ODM muestran algunos avances (sobre todo en educación y representación parlamentaria), aunque una mirada más amplia muestra una realidad más compleja", señaló José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Cepal, al comenzar la presentación.

Algunos de los indicadores complementarios y adicionales incluidos son el empleo femenino en sectores de baja productividad, las diferencias de salario entre hombres y mujeres y la cantidad de horas diarias dedicadas a los quehaceres del hogar.

También la incidencia de las leyes de cuota en la representación de las mujeres en los parlamentos, la demanda insatisfecha de planificación familiar los porcentajes de fecundidad no deseada y de violencia física, sexual o psicológica.

En 2004, la gran mayoría de los países de la región habían alcanzado la paridad en la educación primaria, mientras que en los niveles secundario y terciario se advertía una mayor matrícula femenina que masculina, dice el informe.

La situación en el ámbito laboral no es igual de auspiciante: la participación femenina en empleos no agrícolas pasó de 38 por ciento a 48 por ciento entre 1990 y 2004. En promedio, 40 por ciento de las mujeres urbanas y 53 por ciento de las rurales carecían de ingresos propios en 2005 y los salarios de las féminas eran 30 por ciento menores a los de los hombres.

En 2005, alrededor de 30 por ciento de los hogares de 12 países de la región tenían jefatura femenina, porcentaje que se eleva a 36 por ciento en el caso de los hogares indigentes, los cuales disponen de menos recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes que aquellos encabezados por hombres.

Asimismo, el número de mujeres de escasos recursos supera el de los hombres. Más aún, el informe señala que el índice de feminidad en la pobreza ha aumentado de 108 a 112 mujeres por cada 100 hombres en hogares pobres entre 1994 y 2005.

Al tratar de construir su perfil, Machinea señaló que hay más mujeres pobres entre las separadas, viudas, solteras y aquellas que viven en hogares monoparentales.

¿Cuál es el aspecto más destacado del informe? "Creo que es la primera vez que se le presta atención central al trabajo no remunerado como factor del desarrollo", comentó a IPS Montaño.

Según el estudio, 27 por ciento de las mujeres de la región son "amas de casa", mientras que 13 por ciento de las ocupadas trabaja en el servicio doméstico. La remuneración que reciben por esa labor equivale a 40 por ciento de la obtenida en otras ocupaciones femeninas.

"El informe tiene la virtud de poner en evidencia que, si no hay políticas públicas que reconozcan el trabajo doméstico de las mujeres y que permitan que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones en el mercado laboral, vamos a seguir reproduciendo la desigualdad de género", explicó Montaño.

El documento advierte que el trabajo no remunerado y de cuidado, asignado socialmente a las mujeres, es uno de los factores centrales de la desigualdad de género, ya que afecta negativamente tanto su vida privada como pública.

Las políticas públicas recomendadas en este ámbito son "fortalecer la provisión de servicios de cuidado en la esfera pública", "rectificar el sesgo existente en la legislación laboral sobre licencias y guarderías, actualmente dirigidas solo a las mujeres" y "reformar los sistemas previsionales con el fin de que el trabajo no remunerado de cuidado sea reconocido en los esquemas de protección social y de pensiones para la vejez".

Asimismo, se sugiere "ratificar y aplicar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores con responsabilidades familiares".

Montaño destacó "el esfuerzo que está haciendo Chile al incorporar una perspectiva de género en su actual reforma al sistema de previsión social", que incluye, por ejemplo, la entrega de una pensión mínima a las amas de casa a partir de los 65 años.

Daniela Estrada
IPS

 
Luego de más de dos años de trabajo constante de las organizaciones feministas y de mujeres de Arequipa, se creó el Consejo Regional de la Mujer - Arequipa.

El día jueves 6 de diciembre, en la ciudad de Cotahuasi, en sesión de Consejo Regional descentralizado, se firmó la Ordenanza Regional que da nacimiento al ansiado Consejo Regional de la Mujer, espacio que tendrá la posibilidad de proponer y promover políticas, planes y proyectos, a favor de las mujeres de la Región Arequipa; especialmente, las de las zonas altoandimas en donde se registran los más altos índices de vulnerabilidad de la población femenina.

La ordenanza entró en vigencia al día siguiente de su publicacion.  Se ha comisionado a un equipo conformado por representantes de diferentes sectores y de la sociedad civil para la formulación de su estructura y reglamentación, en un plazo no mayor de 30 días, luego de los cuales en un plazo no mayor de 60 días, se formulará y aprobará el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.

Para nosotras, este logro representa un gran paso, aunque inicial.  Es el resultado del trabajo constante de incidencia política de un comité impulsor conformado por una serie de organizaciones y profesionales.  Sabemos que la ordenanza no refleja todas nuestras aspiraciones, especialmente el carácter vinculante por el cual hemos luchado, pero no podemos negar que es un avance

Hoy damos a conocer a las mujeres del Perú nuestro logro y, al mismo tiempo, nuestro reto: ¡mayor vigilancia y compromiso de no cejar en la lucha por nuestros derechos!

Agradecemos a nuestras compañeras de otras regiones que nos mostraron el camino; asimismo, alentamos a compañeras de otras regiones a luchar por este objetivo, que permitirá ir ganando en nuestras regiones compromisos, leyes, planes y acciones más directas que resuelvan la grave situación de las mujeres.

Reconocemos el compromiso del Presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén y de los consejeros del CR.  En especial, expresamos nuestro reconocimiento a la Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño y Adolescente, Consejera Nury Hinojosa Pérez, representante de la provincia de La Unión, por el esfuerzo y su compromiso con las mujeres de la Región.

Agradecemos el apoyo de otras organizaciones e instituciones hermanas como son, CEDAL, Movimiento Manuela Ramos, CMP Flora Tristán, PROMSEX, y otras como el CLADEM-Perú, DEMUS, Grupo Género y Economía, que han acompañado a lo largo de estos años a nuestras organizaciones en su fortalecimiento y asesoría permanente.

Arequipa, 10 de diciembre del 2007

Grupo Impulsor: Red Nacional de Promoción de la Mujer, Red de la Mujer Rural, Foro por la Equidad de Género, Asociación Humanidad Libre, ILDER, Warmi Wasi, Colegio de Obstetras Región IV – Arequipa, Red Inter Quórum, Foro Salud, ASOMA Miguel Grau.

Meche Cruz D.
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En este Día de los Derechos Humanos iniciaremos la celebración del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se prolongará durante todo el año. Todos los organismos que forman parte del sistema de las Naciones Unidas participarán en una campaña para promover los ideales y principios de justicia e igualdad para todos, consagrados en la Declaración.

Recordemos que en un mundo que aún no se había recuperado de los horrores de la segunda guerra mundial, la Declaración fue la primera afirmación universal de lo que ahora damos por descontado: la inherente dignidad e igualdad de todos los seres humanos.

La extraordinaria visión y determinación de los autores produjo un documento en el que se enunciaban por vez primera los derechos humanos universales de todos los pueblos en un contexto individual. Publicada en más de 360 idiomas, la Declaración es el documento que más se ha traducido, lo que corrobora su carácter y su alcance universal. Ha sido fuente de inspiración de la carta fundamental de muchos Estados de reciente independencia y de muchas nuevas democracias, y es hoy un rasero por el que medimos el respeto de lo que entendemos, o deberíamos entender, como el bien o el mal.

La Declaración sigue siendo hoy tan pertinente como lo era el día en que fue aprobada, pero las libertades fundamentales consagradas en ella aún no se han hecho efectivas para todos. Los Gobiernos a menudo carecen de voluntad política para aplicar las normas internacionales que han aceptado libremente.

Este aniversario es una ocasión propicia para fortalecer esa voluntad. Es el momento de asegurar que esos derechos se transformen en realidad —que los conozcan, comprendan y disfruten todos los seres humanos, en todo el mundo. Suele ocurrir que quienes más necesitan que se protejan sus derechos humanos necesiten también conocer que la Declaración existe, y que los ampara.

Que este año nos infunda nuevo vigor para cumplir esa misión. Consigamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos forme parte integrante de la vida de todos.

BUENOS AIRES, 9 (ANSA/Patagonia Ciber Fem) - Cristina Fernández de Kirchner asumirá el lunes la presidencia de Argentina, en coincidencia con el 25 aniversario del retorno de la democracia al país, el período más extenso de estabilidad institucional desde 1930.
    Cristina Fernández sucederá a su esposo, Néstor Kirchner, por el período 2007-2011 y se consagró con el 45,29 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de octubre, con una ventaja de 22 puntos sobre su inmediata competidora, Elisa Carrió.
    La nueva mandataria del país es la primera mujer elegida para ese cargo que asume la presidencia de Argentina, ya que Isabel Martínez de Perón ocupó el mismo cargo entre julio de 1974 y marzo de 1976, pero como consecuencia de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón. Con Fernández de Kirchner son cinco los períodos democráticos consecutivos en Argentina desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical (UCR), asumió al término de la dictadura militar (1976-1983).
    Alfonsín (1983-1989), fue sucedido por Carlos Menem, dos mandatos, (1989-1995 y 1995-1999) y Fernando De la Rúa (diciembre 1999-diciembre 2001) quien no completó su mandato.
    Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y Ramón Puerta fueron presidentes provisionales de Argentina en los convulsionados días de la crisis de fines de 2001, que desembocó en la designación de Eduardo Duhalde el primero de enero de 2001 por mandato del Congreso, para gobernar el país hasta mayo de 2003.
    El cuarto presidente electo en las urnas fue Néstor Kirchner, en mayo de 2003, luego de que Carlos Menem renunció a competir en una segunda vuelta.
    Nueve jefes de Estado, tres vicepresidentes, dos primeros ministros, dos cancilleres, cinco ministros o secretarios, y el heredero de la Corona de España participarán de la ceremonia de asunción de Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa.
    Los mandatarios latinoamericanos que participarán de la ceremonia son Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil; Rafael Correa, de Ecuador; Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Evo Morales, de Bolivia; Michelle Bachelet de Chile; Hugo Chávez, de Venezuela; Alvaro Uribe, de Colombia; y José Manuel Zelaya Rosales, de Honduras. También participarán el príncipe Felipe de Asturias y desde Francia llegó la delegación oficial más importante de los últimos tiempos integrada por el Primer Ministro, Francois Fillon; la ministra de Economía, Christine Lagarde, y Martín Hirsch, Comisario para la Solidaridad Activa contra la Pobreza.
    El premier Fillon participó el sábado de un acto de homenaje a las monjas francesas desaparecidas en diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz durante la dictadura. Además arribaron a Buenos Aires para participar de la ceremonia y saludar a la nueva mandataria los titulares del FMI, Dominique Strauss-Khan, de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y la vicepresidenta del Banco Mundial Pamela Cox, entre otros. Estados Unidos envió para cumplir con los saludos protocolares a su Secretaria de Trabajo, Elanie Chao, y Canadá a la gobernador General Michaelle Jena. También, por primera vez en la historia argentina, el presidente del país le colocará la banda presidencial a su esposa.
    La banda presidencial que recibirá mañana, fue diseñada especialmente por pedido de Cristina Fernández. La asunción de la presidenta electa -a la cual también asistirán la mayoría de los gobernadores del país- será acompañada por una movilización de simpatizantes del gobernante Partido Peronista hasta la Casa de Gobierno, donde está previsto un festival popular.
    Cristina Fernández gobernará con una amplía mayoría parlamentaria de 128 diputados peronistas, que pueden sumar hasta 153 con aliados extrapartidarios, mientras que un eventual bloque de derecha liderado por el PRO y la UCR serán las principales fuerzas opositoras con alrededor de treinta legisladores cada uno. La provincia de Buenos Aires, principal Estado del país con más de 10 millones de habitantes, será gobernada a partir del lunes por Daniel Scioli, vicepresidente de Néstor Kirchner y que aparece como uno de los futuros referentes del Partido Peronista.
    ACZ
09/12/2007 21:09

Las minas antipersona son asesinos ocultos que esperan al incauto para matarlo o mutilarlo

10-12-2007 - Hoy se cumple el 59º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217-A, de 10 de diciembre de 1948, uno de los grandes logros de la humanidad. Entre sus muchos fines, la declaración aspira a limitar los devastadores efectos de las guerras que asolan el mundo, introduciendo normas de civilización en los conflictos armados, rechazando armas letales: bombas racimo y otras de larga duración, como las minas antipersona, que tienen una vigencia de 50 años de peligrosidad. El contenido de los 30 artículos de la citada declaración constituye un monumento a la salvaguardia de lo que es más noble del ser humano. Destacaría el artículo tercero, que textualmente dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". En dicho precepto de derecho internacional descansan las iniciativas que hicieron posible la creación de la Fundación Pax.

La Fundación Pax fue constituida en Barcelona para luchar contra las minas antipersona con el propósito de actuar con espíritu humanitario y de servicio en la rehabilitación de las víctimas de dichos artefactos. Lo hace mediante intervenciones quirúrgicas, implantes ortopédicos y colocación de prótesis en los menores de edad afectados, que se realizan gracias a la generosa y eficaz colaboración del hospital de Sant Pau de Barcelona, y también en el futuro con otras instituciones hospitalarias, como la Corporación Sanitaria Parc Taulí, la clínica Quirón y el hospital Sant Joan de Déu. Otro anhelo de la Fundación Pax es sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema que conculca la Declaración de los Derechos Humanos y las más elementales normas de concordia y relaciones amistosas entre los pueblos. En reconocimiento de ello, el Consejo General de la Abogacía Española otorgó a la institución en 2005 el Premio de Derechos Humanos por su desinteresada ayuda en la rehabilitación de los niños víctimas de las minas antipersona y por su defensa de los derechos humanos.

Las minas antipersona son asesinos ocultos, silentes, despiadados, que esperan arteramente al primer incauto que tropiece con ellas para matarlo o mutilarlo. Hay más de 165 millones de minas esparcidas por 78 países, las cuales causan una muerte cada 20 minutos. El país más afectado por esta trágica lista necrológica es Colombia, con tres víctimas diarias. El 30% de ellas son niños y niñas que son masacrados simplemente por jugar en un monte o hacer alguna labor en el campo ajenos a los conflictos bélicos de sus mayores, que murieron mucho antes de su nacimiento, o a las guerrillas de bandas armadas cultivadoras de droga.

Esta espantosa realidad de las minas antipersona, que cercena los miembros y mutila las ilusiones de miles de niños y niñas, ha sido objeto de debate internacional y en 1997 se llegó al compromiso, con 156 naciones firmantes de la Convención de Ottawa, de prohibir la producción, comercio, distribución, exportación e implantación de esa pérfida y letal arma. Sin embargo, como ya dijo Thomas Küchenmeister, de la Asociación Alemana de Iniciativas de Lucha contra las Minas, en declaraciones recogidas en DW-World, "40 estados han rehusado formar parte de los países firmantes del compromiso, entre ellos sus mayores productores y compradores"; poderosos Estados forman parte esa lista de "comerciantes del mal" que no han querido ratificar la convención.

Para paliar los efectos de esta terrible lacra que sufre la humanidad, y hasta que llegue el esperanzado día en el que desaparezca para siempre, la Fundación Pax, junto con otras instituciones comprometidas en la tarea, seguirá trabajando para conseguir la adhesión de los estados no firmantes de la Convención de Ottawa y prestará su desinteresado servicio humanitario a las víctimas para ayudarlas a integrarse en el seno de la sociedad como personas en plenitud de sus derechos humanos.

Juan Alberto Valls Jové es presidente de la Fundación Pax.
El Pais